El suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán comenzará a ser sometido a un jury de enjuiciamiento el próximo martes, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías, que entre los años 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes en los operativos, para su posterior comercialización.

Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso el embargo del 40% de su sueldo.

Así, en una resolución del 23 de febrero pasado, se decidió que la primera audiencia del jury se lleve a cabo el martes a las 9 en el edificio Anexo del Senado bonaerense, en las calles 7 y 49 de la capital bonaerense.

Se espera que el proceso se desarrolle al cabo de cuatro o cinco días de audiencias en las que hay más de 54 testigos citados, entre quienes se encuentran la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, encargada de la instrucción de la investigación federal que tuvo como imputado a Scapolán, y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

Tras este proceso, se determinará la absolución del fiscal o su remoción del cargo.

El Jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata Ana María Bourimborde (ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso).

Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.

Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año 2021, la jueza Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.

En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense y abogados actuaba «con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo».

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso penal porque aún debe ser sometido a jury.

Es que la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolán, dictó la falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados al fiscal, y confirmó solo el de falsedad ideológica de documentos públicos en relación a un operativo en el caso «Anacona» o «Leones Blancos».

Con todo, en los últimos días trascendió la posibilidad de que se postergue el inicio del jury contra Scapolán debido a que la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura provincial solicitó el expediente para analizarlo.

En ese sentido, en su rol querellante en la causa penal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió que «no se demore más» el proceso debido a que «los delitos imputados involucran el correcto funcionamiento de instituciones del Estado».

El Director Programa de Control de Corrupción de la CPM, Federico Schmeigel, dijo a Télam que «en algunos medios se publicó en los últimos días que la Legislatura pidió al Jurado de Enjuiciamiento que se le corra vista respecto lo que sería el rol que le podría caber al a Bicameral en ese proceso».

«Hubo un momento en que se le corrió vista al Procurador y a la Bicameral para que asuman los roles de acusadores. Pero, como la Bicameral no estuvo constituida por dos años, hasta diciembre pasado, todas las vistas y trámites no las tomó. Ante esa falta, la mayor parte de las acusaciones las ha tramitado el Procurador Julio Conte Grand. Lo que advertimos es que esto podría dilatar o suspende el inicio del jury», explicó.

«La Bicameral tiene un rol importante en el proceso. Si el Jurado da lugar a eso, puede dictaminar que el expediente se archive», completó.

Desde el organismo, también se planteó que «la participación de funcionarios de variada jerarquía han socavado y comprometido la integridad del Estado de derecho y el sistema democrático» y se indicó que el caso es «de gravedad institucional significativa, configurado por distintos hechos de corrupción y violencias estatales».

«Este organismo manifiesta su profunda preocupación ante la posibilidad de maniobras políticas que pongan en riesgo el inicio del proceso de enjuiciamiento del Fiscal Scapolán y que tiendan a consolidar su impunidad ante los gravísimos delitos por los que se encuentra acusado, reiterando el pedido de que se lleve a cabo el jury previsto para el próximo 28 de marzo», señalaron desde la CPM en un comunicado.

Fuente: Telam